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En las Islas Canarias ha existido históricamente un sistema de imposición tributaria y arancelaria diferenciada con respecto al resto del territorio nacional, presidido por los principios de libertad comercial con franquicias al consumo, menor presión fiscal indirecta e inexistencia de monopolios estatales, y que tuvo como consecuencia la creación de los Puertos Francos en 1852.

Esta importante herramienta fiscal se fundamentaba en la demanda de un sistema impositivo distinto al sistema arancelario imperante en la metrópoli, ya que en realidad la economía canaria estaba indiscutiblemente más conectada con las principales urbes económicas europeas (Londres, Amberes, etc) que con las plazas de negocios nacionales.

Esta situación se mantendrá de forma casi inalterable hasta prácticamente el último tercio del siglo XX, cuando en 1972 la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias recoge estas características económicas y fiscales específicas. Posteriormente,  1986 España entra en la antigua Comunidad Económica Europea, abriéndose el debate de cómo encuadrar dentro de la Constitución, el Estado de Autonomías y la Comunidad Europea, este régimen económico y fiscal surgido siglos atrás.. Esta incertidumbre se solventaría en parte, gracias a la ley de 7 de junio de 1991 y el protocolo nº 2 de Adhesión de España a la Comunidad Europea, que salvaguardaría el régimen económico y fiscal propio de Canarias dentro de este marco nacional e internacional. 

Perdida su condición de puerto franco, surge la necesidad de establecer medidas que permitieran equilibrar y recuperar, al menos en parte, esta libertad comercial y fiscal que históricamente había venido disfrutando Canarias.

Una de estas medidas es una Zona Franca, y es en este contexto donde debemos situar la creación de la Zona Franca de Gran Canaria en el año 1998, fecha en la cual el Ministerio de Economía y Hacienda, autorizó la creación de una Zona Franca en Las Palmas de Gran Canaria.